Debate. Un abuso en las políticas de tarifas públicas puede generar una pérdida a los tenedores de deuda pública nominada en Unidades Indexadas ya que su precio bajaría ante un menor IPC.
Vale la pena aclarar desde el comienzo del análisis que no se trató de una manipulación de valores y existe un sustento técnico detrás de la definición tomada por el INE. Como el impacto financiero de este tipo de decisiones puede llegar a ser significativo, vale la pena generar una metodología específica al respecto y explicitarla con transparencia para todos los analistas. Hoy no existe un manual público sobre el método del IPC con la nueva base y hay que remitirse al de 1997.
El muy bajo registro inflacionario de julio (0,27%) se origina por la consideración de la bonificación otorgada por UTE a los hogares en el marco del Plan de Ahorro de Energía. La estimación que realiza el INE parte de la base de medir el precio que pagó un hogar promedio del país por la electricidad y ello arroja que el mismo bajó 8,9% en julio en comparación con el valor pago en junio.
Se puede reconstruir el IPC simulando que se mantuvo el criterio de considerar como precio la tarifa variable de energía eléctrica sin la bonificación. En ese caso, la variación del IPC de julio hubiera sido del 0,67%.
Las alternativas técnicas para medir el precio de la electricidad en el consumo de julio son claras: tomar la bonificación o no hacerlo. Como las tarifas de UTE y OSE tienen variaciones según el tramo de consumo, la metodología del IPC desde 1997 recoge las mismas haciendo un promedio ponderado por la tarifa en cada tramo de consumo de acuerdo a las cantidades consumidas. Por lo tanto hay algo en la metodología escrita que hace considerar las cantidades consumidas (sin embargo la serie histórica no muestra variaciones).
En forma estricta el IPC no debería considerar los cambios de precios de acuerdo a las cantidades consumidas porque se trata de un índice de coeficientes fijos en las cantidades. Pero como excepción se entiende que para tarifas públicas de OSE y UTE se establezca una metodología que involucre cantidades.
Aceptada la metodología que respeta cantidades físicas diferentes en el consumo de estos servicios públicos, quedaría verificar si corresponde aplicarle a estas cantidades una tarifa simple o una tarifa bonificada.
A los efectos de guardar paralelismo con los restantes precios, el ideal sería no considerar la bonificación en el caso que para lograrla los hogares tuvieran que modificar la cantidad consumida. De acuerdo a la promoción de UTE se logra menor precio si se consume menos y no se logra menor precio si se consume lo mismo o más y por lo tanto lo mejor hubiera sido no tomarla en cuenta.
Se puede hacer una lista de razones para tomar en cuenta esta bonificación y otra lista de razones para no hacerlo. En todo caso, si no se modifica el criterio, en cuanto termine el período de bonificación se volverá al valor del índice de junio y la inflación en el año no tendrá alteración. Desde el punto de vista técnico hay una justificación para tomar la bonificación y pensando en las medidas anuales de la inflación no se altera el resultado.
El tema que seguramente no fue puesto arriba de la mesa de trabajo del INE y tampoco del gobierno es el posible impacto financiero que tienen estas decisiones a través del valor de la UI.
Incluso, yendo un poco más lejos en el análisis, hay que tomar en cuenta el impacto sobre la credibilidad de la Unidad Indexada y la validez de la misma para sustituir el dólar como unidad de cuenta. En el proceso de desdolarización se ha puesto énfasis en la UI y el gobierno es el principal acreedor en esta unidad de cuenta. Por lo tanto, no se duda de que la decisión fue de carácter técnico pero en el negocio de la credibilidad hay que serlo y parecerlo.
IMPACTO. La variación del IPC en julio se utiliza para calcular el valor en pesos de la UI que al cinco de septiembre se fijó en $ 2,4381. Si el INE hubiera considerado el precio sin bonificación la variación hubiera sido del 0,67% y por consiguiente en un mes al valor de la UI le falta $0,01 por unidad.
Esta diferencia se puede agravar si la gente, al ver el ahorro del mes anterior, decide profundizar la medida y consume menos Kwh. Es claro que el motivo de discusión no se encuentra en los centésimos que vale cada UI sino en el potencial impacto que esto puede tener. Por ejemplo, si en estos meses hubiera un vencimiento de deuda pública donde los montos pueden ubicarse por encima de los $ 1.000 millones entonces se estaría hablando de decenas de millones de pesos de diferencia que puede ir o no a parar al bolsillo de los tenedores de deuda.
Sin quererlo, dos organismos estatales tomaron una decisión administrativa en el caso de UTE y una decisión técnica en el caso del INE que provocaron un menor valor en la UI, que es una unidad de cuenta para la deuda del sector público.
En la canasta del IPC hay varios precios administrados que en conjunto pueden representar entre el 15% y el 20% del total del consumo promedio de los hogares tomado como base del índice. Son participaciones altas que justifican el debate sobre el impacto en la UI de la política de no ajustar las tarifas públicas y otorgar subsidios a las empresas públicas a través de exoneraciones tributarias. Un abuso de este tipo de medidas puede generar una pérdida a los tenedores de deuda pública y es por eso que el Estado, si desea profundizar la desdolarización, deberá tomar recaudo de lo que hace y cómo lo recoge en el IPC.
Autores: HORACIO BAFICO / GUSTAVO MICHELIN
Fuente: El País Digital
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